Con información de Protección Internacional.

En los últimos años hemos asistido al desarrollo de mecanismos nacionales específicos para la protección de defensores por algunos gobiernos. En todos los casos se trata de países en los que hay graves situaciones de desprotección para los defensores de derechos humanos, y estos mecanismos (leyes, políticas de actuación, oficinas) han sido creados bajo la presión (y con la colaboración) de organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de derechos humanos, y siempre con un apoyo normativo fundamental, la Declaración de la ONU para los Defensores.

Esta investigación de María Martín Quintana y Enrique Eguren Fernández ayuda a entender mejor las iniciativas que existen en todo el mundo en este sentido y ofrece una mirada acerca de qué piensan los defensores/as sobre cuáles son las buenas prácticas que se ponen en marcha, y cuáles son las lecciones que se pueden extraer de las mismas.

El trabajo está dividido en dos partes. La primera, subtitulada “Legislación, políticas nacionales y oficinas para defensores”, analiza los aspectos normativos y estructurales de estas iniciativas de protección. La segunda, llamada “Los programas de protección de defensores/as”, analiza los aspectos prácticos de los programas de protección: qué medidas incluyen, cómo están estructuradas y qué resultados ofrecen. Aquí el estudio se centra en los programas de protección gubernamental de Brasil, Guatemala y Colombia.

Hay una importante discusión de fondo, que es la cuestión de si es necesario que un Estado cree mecanismos (leyes, políticas, oficinas) específicos para la protección de defensores, o si lo más adecuado es asegurar que las instituciones (sistema de justicia, fuerzas de seguridad) cumplan con su obligación de garantizar la debida protección para con este colectivo.

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