A la comunidad internacional
A todos los pueblos originarios del mundo
A las organizaciones defensoras de la Madre Tierra y los Derechos Humanos
A los medios de comunicación

Este lunes se cumplió otro capítulo en el penoso proceso de imposición de una autopista de cuota, que atravesaría la zona del milenario bosque sagrado Otomí-Mexica, resguardado y protegido desde tiempos inmemoriales por nuestros ancestros.

La autopista Santa Fe-Aeropuerto de Toluca, es una promesa que Enrique Peña Nieto nunca cumplió, la empresa nunca pudo terminar de construir la autopista, pues las comunidades defensoras del bosque se negaron a permitirlo.

Sin embargo, este proyecto está concesionado para la empresa Autopistas de Vanguardia, SA; propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa García, famoso por sus vínculos con Peña Nieto y la oligarquía priista, quien lo ha favorecido con una importante cantidad de licitaciones públicas.

Ante el rechazo de las comunidades originarias, la empresa consiguió un impulso extra en 2012, un fondo de financiamiento de Banobras por 5 mil millones de pesos, para terminar el proyecto; además de un decreto estatal de expropiación, publicado el día 6 de octubre del 2012, en el cual se decreta que el bosque será expropiado en beneficio de la nación, siendo que en realidad es en beneficio de una empresa privada, y a un costo invaluable para la Madre Tierra y las comunidades afectadas.

Es algo único en la historia de México, que se decrete una expropiación para poder terminar un proyecto privado, pero en el Estado de México sucedió, sin que se justifique como un verdadero beneficio para la nación.

Denunciamos publicamente también que en el mismo decreto de expropiación, en el punto número 3, dice a la letra “la autoridad municipal de Lerma, México certificó que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifique con algún valor artístico, histórico o cultural”; ignorando por completo la historia de la cultura Hñañhu, y los múltiples diagnósticos y estudios científicos que han alertado del valor de la zona.

En materia jurídica la negociación del proyecto carretero está completamente fuera de la ley, ya que la empresa Autovan S.A de C.V, con la que hizo el pacto el mandatario Enrique Peña Nieto para introducir la autopista con concesión para particulares, es un concepto que no se permite en la ley de expropiaciones debido a que las expropiaciones las puede hacer el gobierno cuando son de interés público. Tal como esta estipulado en la Ley de Expropiación del Estado de México, en artículo segundo:

Artículo 2.- En el Estado de México la propiedad privada sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Consecuentemente una autopista con interés privado se opone al interés público, por eso no se había planteado un proceso de expropiación. Además la ley Agraria en sus artículos 93,94 y 96 que habla de las expropiaciones dice que “No procede ningún convenio de ocupación previa si no ha culminado el procedimiento de expropiación”. En otras palabras los convenios de ocupación previa se utilizan cuando hay un procedimiento de expropiación y debe haber culminado”. En ese sentido los convenios de ocupación prévia no son válidos sin fundamento expropiatorio. Por lo que es completamente ilegal el convenio de ocupación que manejaron para el proyecto carretero. Adicionalmente el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), informó que le correspondió conocer el convenio, debido a que el FIFONAFE sería el encargado de proporcionar la indemnización de la expropiación, sin embargo el dinero no pasó por él, las negociaciones se dieron directamente entre la empresa y los representantes locales para repartir el dinero, es decir acuerdos fuera de la ley.

A la usanza de prácticas corruptas, las leyes se adaptan y flexibilizan para servir a los intereses de quienes más convienen. Están expropiando, lo cual debería significar que es un bien público, sin embargo descaradamente se concesiona por 30 años a administradores privados, para su construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento.

Desde el domingo 12 de mayo, policías ministeriales sitiaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla, realizando visitas a varios compañeros, amenazándolos para que no asistieran a la asamblea corrompida que se realizaría al día siguiente. Esto es una clara violación a nuestros derechos más fundamentales.

La asamblea se desarrolló en un ambiente plagado de irregularidades, de entrada es inaceptable la presencia policial y judicial al interior de nuestra asamblea, pero así fue; decenas de granaderos se encargaron de proteger a la corrompida mesa directiva para que manipulara la asamblea a su conveniencia, negando derechos básicos como el uso de la palabra a decenas de compañeros que fueron silenciados.

Tampoco se permitió que se discutieran ni mucho menos se votaran las múltiples exigencias de los compañeros inconformes. La primera misión que tenían era aprobar el convenio de expropiación, el cual contiene una enorme serie de irregularidades que se negaron a revisar, ni siquiera a debatir; con el apoyo de la fuerza policial llamaron a votar, mediante un sistema deficiente, improvisado y carente de toda legitimidad. Sin una revisión abierta que permitiera garantizar la transparencia de la votación.

Algunos medios fueron testigos de como se anulaban papeles marcados con la leyenda “No a la autopista”, con el argumento que la respuesta debía ser unicamente SI o NO.

Cabe señalar que incluso uno de los escrutadores de votos, Jose Luis Domínguez, se negó a firmar el acta de conformidad, denunciando diversas irregularidades, motivo por el cual fue secuestrado por una patrulla que lo mantuvo bajo custodia por unos minutos, aunque la presión de la comunidad permitió su liberación.

El convenio de expropiación no aclara que es lo que pasará con el agua de la región, pues la comunidad vive gracias al agua que se filtra de las montañas, en las cuales se encuentran algunos manantiales que serían privatizados, acaparando el agua de la región y amenazando la supervivencia de cientos de familias.

El convenio tampoco considera a los afectados directos, pues muchos propietarios perderían sus terrenos, sin ninguna indemnización por parte de las autoridades; unicamente se contempla un beneficio económico a repartise en partes iguales entre los comuneros.

También denunciamos que ésta asamblea se realizó en día inconveniente para muchos comuneros, que tuvieron que trabajar y por tanto no pudieron asistir a la asamblea.

Cabe señalar que esta asamblea se realizó en base a supuestos acuerdos tomados en otra asamblea impuesta del pasado 30 de abril del 2012, la cual actualmente se encuentre bajo juicio de amparo, pues en esa asamblea también hubo fraude en la votación, solo que más descarado, pues había muchos votos más que la cantidad de comuneros que asistió a la asamblea.

Por lo cual condenamos que a pesar de que todavía no se resuelve en los tribunales la ilegalidad de la pasada asamblea, ya se hayan tomado acuerdos como si hubiera sido válida.

Responsabilizamos a Eruviel Ávila por su ignorancia, su abuso de autoridad, negligencia, para decretar como un bien público un proyecto privado asesino del medio ambiente y la cultura.

Manifestamos nuestro rechazo absoluto a la autopista, el bosque no tiene precio, la autopista no debe destruir este bosque que es sagrado para la cultura Otomí; ya es de por sí aberrante que se hayan privatizado las zonas aledañas a los puntos más sagrados, lo cual ha obstaculizado el acceso a los centros ceremoniales milenarios que nuestra cultura visita cada año desde hace siglos (Los Hñahñu somos la segunda cultura más antigua de México).

Condenamos no solo las afectaciones a Xochicuautla, también es increíble que se permita la destrucción de las Ciénegas de Lerma, humedales de importancia internacional declarados por Ramsar, y unos de los 150 lugares más importantes para su conservación en norteamérica; los cuales serán severamente afectados con el trazo carretero.

Hacemos un llamado a la solidaridad en todo el mundo, pues nuestras comunidades continuarán en pie de lucha, hasta que se cancele de forma definitiva este y todos los proyectos ecocidas.

¡Contra el cerco mediático!
¡Por la dignidad de los pueblos indígenas!
¡En defensa del bosque y la Madre Tierra!

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Este es el dictamen final de la preaudiencia con la presentación dictaminadores Camila Montesinos, Gustavo Esteva y Joel Aquino, se presentaron un total de 10 casos por parte de Pueblos y Comunidades afectadas, así como los testimonios de investigadores, académicos y expertos en el tema del maíz y contaminación transgénica, la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México estuvo presente en la Pre-audiencia nacional realizado en 26 y 27 de abril en el estado de Oaxaca.

DICTAMEN PRE-AUDIENCIA MAÍZ

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

La propuesta de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México presentó y se integró su propuesta en esta relatoría del Foro ¿Qué tipo de transformación social y cultural queremos para México?, realizado el pasado miércoles 3 de abril en el Salón Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Descargar: Relatoría del Foro Que tipo de  transformación social y cultural queremos para México