Por: Francisco López Bárcenas

La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! Es el grito que invariablemente se escucha en marchas callejeras, reuniones públicas y un sin fin de protestas campesinas, indígenas y populares en contra de las políticas y reformas privatizadoras del régimen, desde que en el año de 1992 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que las tierras ejidales y comunales perdieran el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles que les había otorgado la Constitución Política de 1917, emanada de la Revolución Mexicana, y entraran al mercado, igual que la propiedad privada, lo que en el fondo representó la ruptura del pacto social expresado en la Constitución reformada. A partir de entonces comenzó una ola de reformas legales e institucionales, que a su vez introdujeron cambios en las políticas públicas para que las tierras, sus bienes naturales y los alimentos que producen con su trabajo los campesinos quedaran a merced de los intereses de los dueños del capital.

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